Ciudad de México, 6 sep (Prensa Latina) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró necesario mantener la prisión preventiva oficiosa para evitar impunidad y corrupción.
En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario criticó la irresponsabilidad que imperaba en el Poder Judicial y si no había sentencias ante delitos probados era porque no se cumplía con la Constitución.
Dijo que tiene que haber justicia expedita, y cuestionó el autoritarismo que prevaleció durante mucho tiempo el cual están tratando de corregir y liberar a quienes injustamente están en la cárcel o son víctimas de torturas.
Explicó que la burocracia y los intereses impedían que fuese fácil la liberación de enfermos, o de personas con años sin sentencia, aunque hay un compromiso de solucionar esos problemas.
Criticó el formalismo del Poder Judicial y sus consecuencias negativas que los llevan incluso a cambiar artículos de la Constitución, los modifican y se extralimitan en sus funciones porque eso corresponde al Congreso.
Estimó que esas atribuciones indebidas en el ministerio público se prestan a la corrupción y a que beneficien y liberen a los que tienen dinero, influencia, y es incluso hasta un riesgo para los propios jueces porque es plata o plomo.
López Obrador abordó el tema a la luz de la discusión que hay en la Suprema Corte de Justicia acerca de mantener o no la vigencia constitucional de la prisión preventiva oficiosa que la oposición política quiere desaparecer.
Recordó que México en estos momentos tiene a muchísimos delincuentes en la calle que fueron aprehendidos y que los sueltan, pero si hay un compromiso con la justicia no sucedería, y citó épocas en que los ejecutivos decidían quien salía o no y si se fabricaban delitos.
Reconoció que ha mucha corrupción y que se tiene que buscar una reforma a la constitución para fijar los límites del Poder Judicial. Hay muchas cosas que se podían haber hecho y no se hicieron, aunque ya en el artículo 19 de la Constitución se reconoce que la corrupción es delito grave.
Ayer lunes, el máximo tribunal discutió dos acciones de inconstitucionalidad, una de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otra de senadores de minoría, para eliminar la prisión preventiva oficiosa, pero no lograron los ocho votos de los magistrados necesarios, les faltó uno, y este martes reanudarán el debate.
La discusión ocurre días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó críticas al trabajo de la SCJN, he incluso afirmó que se equivocó con los cuatro ministros que ha propuesto para integrar el pleno.
También se quejó de que les cuesta trabajo reunir los cuatro votos necesarios para desechar una acción o controversia, y así no reunir la mayoría calificada que exige la Constitución para invalidar una ley ya vigente.